Cuatro reformas que cambiarán la seguridad, la privacidad y el control estatal

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CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2024.- La oficina de la Presidencia de la República distribuyo la foto oficial de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual fue tomada en su despacho de Palacio Nacional. FOTO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/CUARTOSCURO.COM

En los últimos días, el Congreso de la Unión aprobó al menos cuatro reformas legales que marcarán un antes y un después en la forma en que se gestiona la seguridad, se regulan las telecomunicaciones y se protege —o expone— la información personal de la ciudadanía.

Aunque el Gobierno asegura que se trata de medidas para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen, especialistas advierten que podrían derivar en vigilancia excesiva, vulneraciones a la privacidad y afectaciones a derechos fundamentales.

A continuación te explicamos qué cambia, cuáles son las nuevas disposiciones y qué opinan los expertos sobre estas reformas.

1. Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: entre la seguridad digital y el riesgo de censura

Aprobada por el Senado el pasado miércoles, esta reforma transforma el marco regulatorio de las telecomunicaciones y crea nuevas instituciones que reemplazan al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones). La llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) estará facultada para cancelar contenidos que considere una amenaza, sin previo aviso.

Cambios clave:

  • Sustitución del IFT: Se crea la ATDT y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encargadas de autorizar concesiones y regular el sector.
  • Identificación obligatoria: Se exigirá CURP o RFC para activar servicios de telefonía móvil. Estos datos podrán consultarse con orden judicial.
  • Geolocalización con control judicial: Empresas deberán proporcionar ubicación en tiempo real de personas investigadas, bajo orden judicial.
  • Prohibición de propaganda extranjera: La Secretaría de Gobernación podrá suspender o multar propaganda política o comercial de origen extranjero.
  • Fortalecimiento de medios comunitarios: Se permitirá a radios indígenas acceder a publicidad oficial y comercializar productos locales.

2. Ley de la Guardia Nacional: una fuerza militar con nuevas atribuciones

El 1 de julio, en su sexto aniversario, se aprobó una nueva ley para la Guardia Nacional (GN), que formaliza su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Aunque fue creada como un cuerpo civil, con esta reforma se convierte en una corporación plenamente militarizada.

Puntos clave: 

  • La GN dependerá directamente de SEDENA, que asumirá su capacitación y operación.
  • Tendrá facultades para participar en investigaciones federales y realizar actos de investigación.
  • Podrá solicitar intervención de comunicaciones privadas y georreferenciación en tiempo real, con orden judicial.
  • Se autorizan operaciones encubiertas y uso de “usuarios simulados”.
  • Asume funciones civiles como control de aeropuertos, aduanas y zonas arqueológicas.
  • Podrá realizar tareas forenses y colaborar en búsqueda de personas desaparecidas.

3. CURP biométrica: nuevo documento de identidad nacional

La reforma a la Ley General de Población convierte la CURP biométrica en el único documento oficial de identificación en México. Aprobada por diputados y senadores, será obligatoria para trámites públicos y privados, y contendrá fotografía, huellas digitales e iris. Su implementación será progresiva desde 2025.

Aspectos relevantes: 

  • CURP Biométrica: Se convierte en documento único de identificación nacional.
  • Plataforma Única de Identidad (PUI): Integrará bases de datos públicas y privadas para búsqueda de personas.
  • Objetivos: Evitar suplantación de identidad, mejorar trámites y apoyar en la localización de desaparecidos.

4. Reforma contra el lavado de dinero: mayor vigilancia financiera

Como respuesta a señalamientos de Estados Unidos contra bancos mexicanos por facilitar operaciones del narcotráfico, el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal.

Cambios principales: 

  • Se eliminan menciones al “financiamiento al terrorismo” ya tipificado en el Código Penal.
  • Se amplían actividades vulnerables: criptomonedas, fideicomisos, desarrollos inmobiliarios.
  • Se incluye a partidos, sindicatos y asociaciones religiosas como sujetos obligados.
  • Se exige identificar al beneficiario final en todas las operaciones.
  • Se introducen las figuras de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
  • Se refuerzan sanciones y se agiliza el bloqueo de cuentas.

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