La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura frente a los recientes discursos provenientes de Estados Unidos que buscan equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas: en México, el concepto de “narcoterrorismo” no existe jurídicamente, y bajo ese marco no hay espacio para justificar intervenciones extranjeras.
Tras la llamada telefónica sostenida con el presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria asintió que una acción militar o policial de fuerzas foráneas en territorio nacional está “superdescartada”, al enfatizar que la legislación mexicana define el terrorismo bajo esquemas distintos, que no contemplan a la delincuencia organizada como categoría terrorista.
“En nuestro país hay tipos penales claros. El terrorismo está definido en la ley y no es lo mismo que delincuencia organizada. No existe la figura de narcoterrorismo en nuestro marco jurídico”, puntualizó.
Blindaje constitucional contra el intervencionismo
Sheinbaum explicó que México ha fortalecido su andamiaje constitucional precisamente para cerrar cualquier rendija legal al intervencionismo, incluso si gobiernos extranjeros optan por clasificar a grupos criminales bajo categorías propias.
Indicó que, aunque otros países puedan utilizar el término “narcoterrorismo” en su narrativa política o de seguridad, eso no modifica ni condiciona el orden jurídico mexicano, ni abre la puerta a acciones unilaterales.
La presidenta reiteró que toda cooperación internacional en materia de seguridad se rige por principios de respeto, coordinación y soberanía, y que México no aceptará esquemas que vulneren su autodeterminación.
Límites claros tras el diálogo bilateral
Durante su conversación con Trump, detalló, se abordaron temas de cooperación en el combate al tráfico de drogas, intercambio de información y resultados recientes en la reducción de fentanilo. Sin embargo, la mandataria dejó asentado que cualquier colaboración se mantendrá en el terreno institucional, sin participación directa de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.
Desde Palacio Nacional se señaló que el diálogo permitió aclarar posturas, frenar interpretaciones maximalistas y establecer límites políticos y jurídicos precisos sobre el alcance de la cooperación bilateral.
El trasfondo: presión política desde Washington
La declaración de Sheinbaum ocurre en un contexto donde sectores del Partido Republicano y funcionarios del Departamento de Estado han impulsado el uso del término “narcoterrorismo” para referirse a organizaciones criminales mexicanas, abriendo el debate sobre eventuales designaciones como grupos terroristas extranjeros.
Especialistas advierten que ese tipo de etiquetas, más allá de su carga retórica, podrían ser utilizadas como argumento político para promover acciones extraterritoriales, lo que ha encendido alertas en círculos diplomáticos y de seguridad en México.
El gobierno federal ha insistido en que el combate a los cárteles se da bajo figuras jurídicas nacionales, como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y uso de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros.
Sheinbaum recalcó que el Estado mexicano sí enfrenta con firmeza al crimen organizado, pero lo hace desde su propia arquitectura legal, sin adoptar conceptos que no existen en su legislación y que podrían distorsionar el marco de cooperación internacional.
